Los vertebrados
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viernes, 26 de noviembre de 2010
martes, 23 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
EL ESCARABAJO BOMBARDERO
Es escarabajo bombardero utiliza la enzima catalasa para descomponer peróxido de hidrógeno. El gas oxígeno formado en la descomposición expulsa agua y otros compuestos químicos con fuerza explosiva. Como la reacción libera gran cantidad de calor, el agua sale en la forma de vapor.
sábado, 20 de noviembre de 2010
lunes, 15 de noviembre de 2010
ESPECIES NO AUTÓCTONAS
A la caza de (casi todas) las especies invasoras
El borrador del primer catálogo de animales foráneos permite conservar fauna de interés cinegético o pesquero
El borrador del primer catálogo de animales foráneos permite conservar fauna de interés cinegético o pesquero
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/11/2010
El primer catálogo español sobre especies invasoras que prepara el Ministerio de Medio Ambiente tiene sorpresa. El borrador establece las 168 especies consideradas como invasoras, que van desde la hormiga loca hasta el picudo rojo, del mejillón cebra a la rana toro. La orden es erradicarlas porque amenazan el ecosistema. Pero no todas. El ministerio planea, según el borrador del pasado día 5, un capítulo aparte para un grupo de especies foráneas que podrán permanecer, bajo control y en algunas zonas. Se trata del siluro en el Ebro, el arruí en Sierra Espuña o el pez gato en el Júcar, el Ebro o el Tajo. Especies con interés para la caza y la pesca, algo que los ecologistas consideran un contrasentido.
* Perros asilvestrados
* La trucha autóctona peligra por la repoblación, según una experta
Medio Ambiente insiste en que este es solo un borrador que aún tendrá recorrido, pero sostiene que hay especies que, por su papel ecológico, no conviene erradicar del todo. El ministerio planea presentar el borrador antes de final de año.
La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de 2007, ordenó crear el catálogo para unificar la lucha contra las especies invasoras, competencia de las comunidades autónomas. El texto reconoce que la integración de estas variedades "en los ecosistemas nativos ocasiona graves perjuicios a las especies y a los hábitats autóctonos, pero también a la economía, especialmente, a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública".
Algunas, como el visón americano, el mejillón cebra o el mapache, se reproducen de forma descontrolada, ocupan el lugar de especies autóctonas y alteran los ecosistemas. El aumento del transporte internacional -algunos barcos las han introducido en sus tanques de lastre- y la moda de tener animales de compañía exóticos que acaban en el campo han contribuido a la expansión descontrolada del fenómeno. En 1992, el Convenio de Diversidad Biológica de la ONU reconoció el problema y desde entonces proliferan las medidas para combatirlo.
El catálogo, enviado para consultas a científicos y comunidades, enumera las especies que hay que erradicar. No menciona el eucalipto, que se usa para obtener madera, pero sí incluye otras 88 especies de plantas: el camalote que cubre el Guadiana, el alga asesina caulerpa, la uña de gato y hasta especies ya tan familiares como la pita. Hay crustáceos como el cangrejo rojo -un equipo del CSIC acaba de descubrir que ya forma parte de la dieta de vertebrados en el Guadalquivir- o insectos como el picudo rojo que azota las palmeras de media Península. Hay mamíferos como el mapache (que comenzó como mascota y que ya cría sin control), aves como la malvasía y peces como la gambusia, introducida en los setenta por el Gobierno desde EE UU para acabar con el paludismo. Las comunidades autónomas deberán establecer planes para erradicar estas especies y si por casualidad alguien atrapa uno de estos animales "no podrá ser devuelto al medio natural", sino que debe entregarla a las autoridades. Quien tenga uno de estos animales deberá registrarlo y evitar que se escape.
La polémica surge en el tercero de los grupos. Aunque inicialmente el borrador afirma que "las especies incluidas en el catálogo no podrán ser consideradas especies pescables ni cazables, ni podrán ser gestionadas con el objetivo de favorecer su conservación".
Sin embargo, más adelante fija excepciones y da un breve listado de algunas especies que en determinados lugares "podrán ser objeto de medidas de gestión por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, dirigidas a su control, erradicación y contención".
Pedro Brufao, coordinador de la ONG Ríos con Vida, considera que eso deja vía libre a las comunidades para preservar especies invasoras: "El siluro en el Ebro fue introducido para pescar y, como ya hay una industria de la pesca, ahí no se atreven con él y no obligan a erradicarlo. La excepción va contra la propia ley". El listado incluye el siluro en determinadas zonas del Ebro y del Tajo. En Tarragona hay turistas británicos que acuden solo para pescar este animal. También está el arruí en Sierra Espuña (Murcia). "Los trofeos de caza y pesca" en esa lista de exclusiones "requerirán una autorización específica" de la comunidad "para su transporte, tenencia o exportación" fuera de ese área.
Perros asilvestrados
El borrador de real decreto para el desarrollo del catálogo español de especies exóticas invasoras y la protección de especies autóctonas indica que hay que erradicar a "los ejemplares de perros y gatos asilvestrados que se encuentren en libertad en el medio natural".
El borrador deja abierta la puerta a empezar a exterminar con urgencia una especie si aparece alguna no contemplada y permite a las comunidades autónomas establecer catálogos complementarios que amplíen el listado del Gobierno.
Además, hay otra lista de especies con "potencial invasor" a las que hay que prestar atención porque han demostrado capacidad de adaptación en "otros países y regiones".
En España, el Código Penal ya establecía como delito "la introducción o liberación de especies de flora o fauna no autóctona que perjudiquen el equilibrio biológico".
* Perros asilvestrados
* La trucha autóctona peligra por la repoblación, según una experta
Medio Ambiente insiste en que este es solo un borrador que aún tendrá recorrido, pero sostiene que hay especies que, por su papel ecológico, no conviene erradicar del todo. El ministerio planea presentar el borrador antes de final de año.
La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de 2007, ordenó crear el catálogo para unificar la lucha contra las especies invasoras, competencia de las comunidades autónomas. El texto reconoce que la integración de estas variedades "en los ecosistemas nativos ocasiona graves perjuicios a las especies y a los hábitats autóctonos, pero también a la economía, especialmente, a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública".
Algunas, como el visón americano, el mejillón cebra o el mapache, se reproducen de forma descontrolada, ocupan el lugar de especies autóctonas y alteran los ecosistemas. El aumento del transporte internacional -algunos barcos las han introducido en sus tanques de lastre- y la moda de tener animales de compañía exóticos que acaban en el campo han contribuido a la expansión descontrolada del fenómeno. En 1992, el Convenio de Diversidad Biológica de la ONU reconoció el problema y desde entonces proliferan las medidas para combatirlo.
El catálogo, enviado para consultas a científicos y comunidades, enumera las especies que hay que erradicar. No menciona el eucalipto, que se usa para obtener madera, pero sí incluye otras 88 especies de plantas: el camalote que cubre el Guadiana, el alga asesina caulerpa, la uña de gato y hasta especies ya tan familiares como la pita. Hay crustáceos como el cangrejo rojo -un equipo del CSIC acaba de descubrir que ya forma parte de la dieta de vertebrados en el Guadalquivir- o insectos como el picudo rojo que azota las palmeras de media Península. Hay mamíferos como el mapache (que comenzó como mascota y que ya cría sin control), aves como la malvasía y peces como la gambusia, introducida en los setenta por el Gobierno desde EE UU para acabar con el paludismo. Las comunidades autónomas deberán establecer planes para erradicar estas especies y si por casualidad alguien atrapa uno de estos animales "no podrá ser devuelto al medio natural", sino que debe entregarla a las autoridades. Quien tenga uno de estos animales deberá registrarlo y evitar que se escape.
La polémica surge en el tercero de los grupos. Aunque inicialmente el borrador afirma que "las especies incluidas en el catálogo no podrán ser consideradas especies pescables ni cazables, ni podrán ser gestionadas con el objetivo de favorecer su conservación".
Sin embargo, más adelante fija excepciones y da un breve listado de algunas especies que en determinados lugares "podrán ser objeto de medidas de gestión por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, dirigidas a su control, erradicación y contención".
Pedro Brufao, coordinador de la ONG Ríos con Vida, considera que eso deja vía libre a las comunidades para preservar especies invasoras: "El siluro en el Ebro fue introducido para pescar y, como ya hay una industria de la pesca, ahí no se atreven con él y no obligan a erradicarlo. La excepción va contra la propia ley". El listado incluye el siluro en determinadas zonas del Ebro y del Tajo. En Tarragona hay turistas británicos que acuden solo para pescar este animal. También está el arruí en Sierra Espuña (Murcia). "Los trofeos de caza y pesca" en esa lista de exclusiones "requerirán una autorización específica" de la comunidad "para su transporte, tenencia o exportación" fuera de ese área.
Perros asilvestrados
El borrador de real decreto para el desarrollo del catálogo español de especies exóticas invasoras y la protección de especies autóctonas indica que hay que erradicar a "los ejemplares de perros y gatos asilvestrados que se encuentren en libertad en el medio natural".
El borrador deja abierta la puerta a empezar a exterminar con urgencia una especie si aparece alguna no contemplada y permite a las comunidades autónomas establecer catálogos complementarios que amplíen el listado del Gobierno.
Además, hay otra lista de especies con "potencial invasor" a las que hay que prestar atención porque han demostrado capacidad de adaptación en "otros países y regiones".
En España, el Código Penal ya establecía como delito "la introducción o liberación de especies de flora o fauna no autóctona que perjudiquen el equilibrio biológico".
domingo, 14 de noviembre de 2010
domingo, 7 de noviembre de 2010
EL ATÚN ROJO
El mercado negro devora atún rojo
Una investigación cifra en 285 millones anuales el negocio de la pesca ilegal en el Mediterráneo hasta 2008
MARCOS GARCÍA REY 07/11/2010
En 1996, un barco de la firma Tuna graso -una empresa conjunta de la japonesa Mitsui y la española Fuentes e hijos- subió a bordo un atún rojo de más de 300 kilos de una de sus granjas. Valía 12.000 euros, más aún en Tokio. Los días de llevar atún fresco a Japón solo unos meses al año eran historia. Las granjas de engorde implicaban que los japoneses podrían tener atún rojo de alta calidad para el sashimi todo el año. Ese día, el atún resbaló por cubierta, hirió a varios miembros de la tripulación y cayó al mar. Fue un revés menor. El engorde se convirtió en un negocio millonario.
Firmas españolas dominan el negocio de las granjas para exportar a Japón
En el cerrado mundo de la pesca del atún rojo, autoridades, pescadores y granjeros forman parte de un sistema viciado en el que todos han colaborado en un amplio fraude, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés). Entre 1998 y 2007, más de uno de cada tres atunes pescados acabaron en el mercado negro, que supuso 285 millones de euros anuales, según la estimación de ICIJ.
El destino del atún descansa en la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que incluye a 47 países y la UE. ICCAT ha fijado la cuota de capturas en 13.500 toneladas este año, frente a las 22.000 en 2009. Sin embargo, la capacidad de las granjas es cinco veces superior a la cuota y muchas de ellas están en países con regulaciones laxas, como Turquía y Túnez.
Las granjas son tan controvertidas que Japón, que compra el 80% del atún del mundo, empieza a poner coto a los excesos. El año pasado, Tokio bloqueó la importación de más de 3.500 toneladas de atunes de granjas del Mediterráneo. Según sus inspectores, algunas granjas alegaban ritmos de engorde biológicamente imposibles y otras exportaban más de lo que oficialmente habían adquirido. "Si no se controlan legalmente las granjas, deberían suspenderse", declaró Masanori Miyahara, delegado de Japón en ICCAT.Espoleados por la demanda japonesa, la industria evolucionó a gran velocidad en los 90. Los cerqueros -cuyas redes rodean los cardúmenes cuando desovan- permiten capturar hasta 3.000 ejemplares de una vez. De los cerqueros, son trasvasados a jaulas y transportados lentamente hasta la granja, cerca de la costa. Allí son engordados con sardina y caballa hasta que alcanzan el punto justo de grasa y color.
Las empresas españolas saltaron a Croacia, Malta, Turquía, Italia, Túnez, Chipre y Libia. La mayoría de los atunes llegaban de cerqueros italianos, franceses y españoles. El líder del mecardo es la española Ricardo Fuentes e hijos. Francisco Fuentes, director general de la compañía los últimos 20 años, convirtió un negocio familiar en una multinacional. En los 60 su padre vendía pescado puerta a puerta y ahora Fuentes viaja por el Mediterráneo en un jet privado. Conocido como Paco-san en Japón, este sagaz empresario muestra poca simpatía por quienes sostienen que el atún rojo está en peligro: "Hay una gran cantidad de atunes pequeños en el Golfo de León".
La industria -con ayuda de la UE- modernizó la flota. La inversión creó un círculo vicioso: una vez que habían comprado un cerquero de varios millones, los pescadores se veían obligados a superar las cuotas para amortizar la inversión. Al ir agotando caladeros, la flota fue al sur. El rico banco de Baleares estuvo a punto de "colapsar por la sobrepesca", recuerda Manel Balfegó, pescador y dueño de una granja en Tarragona. El stock cayó un 75%, aunque hay científicos que ven ahora los primeros signos de recuperación. Parte de la caída se debió a las generosas cuotas de ICCAT, cuyos científicos consideraron demasiado altas. Pero mucho vino de pesca ilegal y no declarada.
Un ex responsable de una gran empresa defiende que a veces hay exceso de atunes por errores de cálculo: "Para los peces que tienes por encima de la cuota hay que encontrar una solución: o los comercias ilegalmente o los guardas para la siguiente temporada". Liberarlos no es una opción.
Para combatir el fraude, ICCAT estableció en 2008 un sistema de control. Los barcos dan un número a cada captura, que debe registrarse en cada eslabón de la cadena. Los documentos son escritos a mano, validados por los países y en ICCAT son introducidos en una base de datos. El sistema acaba con información contradictoria e incompleta. Al 44% de las 4.102 entradas de 2009 les faltaba información relevante. Al menos 96 cargamentos hacia Japón (5.000 toneladas) no podían ser trazados hasta la granja de origen. Jean-Marc Fromentin, del comité científico de ICCAT, define el sistema como "un enredo".
Los datos de granjas son especialmente problemáticos. Al menos un 20% de los atunes sacrificados en ellas carecen de información, son atunes fantasma. Algunas incluso parecen capaces de manufacturar atunes. Más de una docena de instalaciones mataron más ejemplares de los que compraron. "Es incomprensible lo mires como lo mires", comentó Miyahara, el delegado japonés en ICCAT. Entre las granjas que han llamado la atención de las autoridades está la croata Drvenik Tuna, copropiedad de Fuentes. En 2008, esta firma fue obligada a liberar 712 atunes, según ICCAT. La empresa declaró que fue un error de los cerqueros franceses a los que compró el atún. Un año después, Japón rechazó la entrada de 560 toneladas de atunes de una granja de Fuentes en Tunez porque los ejemplares, pescados por una flota argelina, no tenían documentos en regla, según el Gobierno tunecino. Los responsables de Fuentes en Cartagena admiten que hubo problemas con Drvenik en el pasado, pero remitieron a su socio croata, Mladen Milakovic, que no quiso hacer comentarios. Hay casos de otras firmas en Malta, Túnez o Turquía.
Aunque criticada por excesiva por algunos científicos, la reducción de la cuota para 2010 ha hecho caer los ingresos caigan desde los 350 millones de euros en 2008 a los 220 millones, según fuentes del sector. La Comisión Europea amenaza con cerrar la pesquería si no hay control y Japón se muestra dispuesto a apoyar un cierre temporal de las granjas. A final de mes, ICCAT se reúne a fijar las cuotas y decidir si acaba con la carrera del oro del atún rojo.
Este es un extracto de la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y que hoy publican The Sunday Times, BBC y Le Soir, entre otros.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
La bahía más tóxica del Mediterráneo
Entre 1957 y 1990, una mina sepultó la rada murciana de Portmán con metales pesados - Retirar el 10% de los desechos costaría 120 millones y no hay presupuesto
RAFAEL MÉNDEZ - La Unión - 07/11/2010
Entre 1957 y 1990, una mina sepultó la rada murciana de Portmán con metales pesados - Retirar el 10% de los desechos costaría 120 millones y no hay presupuesto
RAFAEL MÉNDEZ - La Unión - 07/11/2010
Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. "Mire cómo brilla. Es el mineral que queda". Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista.
La bahía de Portmán, a principios del siglo XX, cuando era un gran puerto minero, y en la actualidad, desde el ángulo contrario.- AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN / P. VALEROS
Es un desastre ambiental similar al de Aznalcóllar pero sin solución
"¡Que se arreglase el 'Prestige' y eso siga igual!", se queja un ex trabajador
Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.
Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.
Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.
El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.
Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.
En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.
La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.
La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.
El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.
Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".
La bahía de Portmán, a principios del siglo XX, cuando era un gran puerto minero, y en la actualidad, desde el ángulo contrario.- AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN / P. VALEROS
Es un desastre ambiental similar al de Aznalcóllar pero sin solución
"¡Que se arreglase el 'Prestige' y eso siga igual!", se queja un ex trabajador
Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.
Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.
Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.
El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.
Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.
En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.
La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.
La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.
El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.
Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".
viernes, 5 de noviembre de 2010
SUGERENCIAS : ALUMNOS DE BIOLOGIA
Los domingos en TVE-2 a las 22,55 puedes ver el programa Científicos de frontera, en el que varios investigadores que se mueven en las fronteras de lo conocido son entrevistados. Comenzó en Octubre, por lo que las anteriores entrevistas, si estás interesado, puedes consultarlas en la siguiente dirección
www.rtve.es/mediateca/videos/...frontera.../
www.rtve.es/mediateca/videos/...frontera.../
lunes, 1 de noviembre de 2010
1º BACHILLERATO
FLORA DE LA COMUNIDAD DE MURCIA
Actividad de ampliación.
Actividad de ampliación.
En la siguiente relación de fotos aparecen especies pertenecientes a la flora más representativa de la región de Murcia. Identifica cada una de las especies, indicando el nombre vulgar y el nombre científico.
Flora representativa de murcia
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biodiversidad
Acuerdo en la ONU para repartir los beneficios de la naturaleza
Las multinacionales deberán pagar a los países por los fármacos que obtienen de sus recursos - El pacto sobre biodiversidad, un alivio tras el fiasco del clima
R. MÉNDEZ / A. SÁNCHEZ BRAUN - Madrid / Tokio - 30/10/2010
Las multinacionales deberán pagar a los países por los fármacos que obtienen de sus recursos - El pacto sobre biodiversidad, un alivio tras el fiasco del clima
R. MÉNDEZ / A. SÁNCHEZ BRAUN - Madrid / Tokio - 30/10/2010
selva_amazonicaDespués del fracaso de las negociaciones contra el cambio climático, la ONU se dio ayer una alegría en Nagoya (Japón). La Cumbre sobre Diversidad Biológica concluyó con un acuerdo sin precedentes contra la pérdida de biodiversidad entre los 193 países que llevaban dos semanas reunidos. El acuerdo incluye por primera vez mecanismos para que farmacéuticas y cosméticas compensen a los países de los que extraen principios activos, una histórica reivindicación de los Estados tropicales, que veían cómo muchas de sus plantas medicinales acababan patentadas por laboratorios de países ricos, un fenómeno conocido como biopiratería.
Las especies desaparecen a un ritmo sin precedentes desde la extinción de los dinosaurios y los países de la ONU acordaron en 2002 parar la pérdida de biodiversidad en 2010. El acuerdo, evidentemente, no se ha cumplido. Y en la cumbre de Nagoya optaron por un enfoque más realista: fijar para 2020 un plan con 20 puntos para combatir la extinción. El pacto incluye aumentar las zonas protegidas hasta el 17% de la superficie terrestre o el 10% de las aguas del planeta, restaurar al menos el 15% de los ecosistemas degradados y acabar con la sobreexplotación pesquera.
La reunión se alargó hasta la madrugada del sábado (hora de Japón) y cuando se anunció el acuerdo los ministros de unos 120 Estados presentes rompieron en aplausos. La ex ministra de Medio Ambiente Elena Espinosa tenía previsto acudir, pero su sucesora, Rosa Aguilar, con solo unos días en el cargo, canceló el viaje.
Buitre_BlancoEntre lo más novedoso del pacto está el protocolo ABS, Access and Benefits Sharing, (Acceso y Reparto de Ventajas, en español ), el principal punto de desencuentro entre ricos y pobres durante la cumbre. El objetivo es regular el acceso de los fabricantes de medicamentos y cosméticos a los recursos genéticos de plantas y microorganismos obtenidos de países en desarrollo, -"material hereditario con valor económico, científico o social contenido en las especies", según la ONU- y, por otro, a regular el reparto entre ambas partes de los beneficios que genera. Es pronto para valorar el verdadero alcance en la práctica del acuerdo y cómo se aplicará.
"Esta reunión deja un cambio en la percepción sobre el problema milmillonario que supone la pérdida de biodiversidad, bosques, humedales y otros ecosistemas", declaró Achim Steiner, jefe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. En su intento por cuantificar el impacto de la pérdida de biodiversidad, el Banco Mundial ha anunciado que la incorporará a sus magnitudes. Unos 1.300 millones de personas dependen directamente de los ecosistemas para conseguir agua y comida.
Los ecologistas valoraron el acuerdo como "de mínimos". "Han querido salvar la cara ya de madrugada para no salir de Nagoya con un fracaso", declaró Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción: "El acuerdo de financiación está pendiente de los detalles".
Fuente: El País
Las especies desaparecen a un ritmo sin precedentes desde la extinción de los dinosaurios y los países de la ONU acordaron en 2002 parar la pérdida de biodiversidad en 2010. El acuerdo, evidentemente, no se ha cumplido. Y en la cumbre de Nagoya optaron por un enfoque más realista: fijar para 2020 un plan con 20 puntos para combatir la extinción. El pacto incluye aumentar las zonas protegidas hasta el 17% de la superficie terrestre o el 10% de las aguas del planeta, restaurar al menos el 15% de los ecosistemas degradados y acabar con la sobreexplotación pesquera.
La reunión se alargó hasta la madrugada del sábado (hora de Japón) y cuando se anunció el acuerdo los ministros de unos 120 Estados presentes rompieron en aplausos. La ex ministra de Medio Ambiente Elena Espinosa tenía previsto acudir, pero su sucesora, Rosa Aguilar, con solo unos días en el cargo, canceló el viaje.
Buitre_BlancoEntre lo más novedoso del pacto está el protocolo ABS, Access and Benefits Sharing, (Acceso y Reparto de Ventajas, en español ), el principal punto de desencuentro entre ricos y pobres durante la cumbre. El objetivo es regular el acceso de los fabricantes de medicamentos y cosméticos a los recursos genéticos de plantas y microorganismos obtenidos de países en desarrollo, -"material hereditario con valor económico, científico o social contenido en las especies", según la ONU- y, por otro, a regular el reparto entre ambas partes de los beneficios que genera. Es pronto para valorar el verdadero alcance en la práctica del acuerdo y cómo se aplicará.
"Esta reunión deja un cambio en la percepción sobre el problema milmillonario que supone la pérdida de biodiversidad, bosques, humedales y otros ecosistemas", declaró Achim Steiner, jefe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. En su intento por cuantificar el impacto de la pérdida de biodiversidad, el Banco Mundial ha anunciado que la incorporará a sus magnitudes. Unos 1.300 millones de personas dependen directamente de los ecosistemas para conseguir agua y comida.
Los ecologistas valoraron el acuerdo como "de mínimos". "Han querido salvar la cara ya de madrugada para no salir de Nagoya con un fracaso", declaró Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción: "El acuerdo de financiación está pendiente de los detalles".
Fuente: El País
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